Disminuir o congelar el pre­cio de los combustibles, como la gasolina y el diesel, im­plicaría un mayor rezago en sus costos y ocasionaría perjuicios en las finanzas federales, esta­tales y municipales.

Así respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a un punto de acuerdo avalado por el Pleno de la Cáma­ra de Diputados el año pasado.

La contestación se dio pre­vio a la comparecencia del se­cretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, ante legisladores, y en medio de los reproches del PRI y el PRD hacia el gobierno federal por el alza de los com­bustibles en el inicio de 2010.

El jefe de la Unidad de Polí­tica de Ingresos de la SHCP, Juan Manuel Pérez Porrúa, fue el encargado de hacer la adver­tencia, en la que resaltó que aprobar una disminución o congelamiento de los precios daría una señal errónea a los consumidores.

Mediante el oficio 349-A-1253, los funcionarios de la SHCP precisaron que la curva de fu­turos de los precios del diesel y las gasolinas del Nymex pre­senta una tendencia creciente, por lo que al disminuirlos se estaría dando un mensaje erró­neo a los consumidores.

Las autoridades hacendarías enfatizaron que la política de precios de los bienes y servicios de la administración pública fe­deral tiene como objetivo refle­jar su costo de oportunidad, para fomentar el saneamiento financiero e incrementar la eficiencia productiva de las em­presas públicas.

"Cuando el Impuesto Espe­cial sobre Producción y Servi­cios (IEPS) del diesel es positi­vo, los aumentos de ese combustible en México no afec­tan a los usuarios formales, ya que el IEPS causado por Pemex en la enajenación del diesel es acreditable contra el ISR, ya sea propio o retenido a terceros.

"Mientras tanto, cuando el IEPS es negativo, los consumido­res mexicanos pagan un precio menor que el que erogan sus competidores estadounidenses en ese país", reveló el documento.

Justificaciones

Para justificar la negativa de la disminución o congelamiento de los precios, la SHCP recor­dó que en el sector transporte, en general, los contribuyentes tienen incentivos fiscales, co­mo son acreditar el IEPS y 50 por ciento de los peajes que pagan contra el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Destacó que el IEPS a las ga­solinas al diesel es una mane­ra de hacer que los contribu­yentes informales de este sector contribuyan al financia-miento del gasto público e in­centiva a su formalización y, por ende, al ordenamiento de ese mercado.

Mientras que para las activi­dades agropecuarias, la Ley de Energía para el Campo (LEC) establece precios de estímulo de acuacultura y pesca; el apoyo del diesel se determina conside­rando el que pagan los agricul­tores en EU, y en ningún caso puede ser mayor que el preció del diesel nacional erogado por el sector de autotransporte, y la Secretaría de Agricultura, Ga­nadería, Desarrollo Rural, Pes­ca y Alimentación (Sagarpa) uti­lizando su presupuesto garantiza que el apoyo sea de al menos dos pesos por litro.

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) incumplió sus objetivos de recaudación y ade­más elevó el costo para las empre­sas, les restó competitividad. y complicó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú­blico (SHCP), los ingresos prove­nientes de este impuesto han resul­tado por debajo de las previsiones.

Además, según cálculos del go­bierno, es mayor la cantidad que se deja de recaudar por los diver­sos beneficios fiscales que ios que se captan.

El gobierno estimó que en el primer año de operación del ÍETU se recaudarían 69 mil 688 millones de pesos.

Sin embargo, los ingresos obtenidos sumaron 46 mil 586 millones de pesos, 33 por ciento por debajo de lo previsto, unos 23 mil 102 millones menos.

Para  2009,   la  situación mejoró ligeramente: se obtuvieron   424 mil       404 millones de pesos de una cifra esti­mada de 50 mil 677 millones; es decir, 16 por ciento menos.

Según los analistas, la baja recaudación se explica por la con­tracción en la actividad económi­ca, pero también por cuestiones técnicas.

Miguel

Ángel Díaz, socio del despacho IUS Praxis, comentó que la introducción de este grava­men complicó considerablemente  a las empresas la administración de los impuestos.